El trasvase Tajo-Segura, símbolo de la política hidráulica española, es actualmente la principal fuente de conflictos interregionales por el agua en España. Esta infraestructura de unos 250 km de largo y compuesto por múltiples embalses, canales y conducciones de agua, conecta la cabecera del río Tajo (norte de Castilla-La Mancha) con la cuenca del Segura (Región de Murcia, sur de la Comunidad Valenciana y la provincia andaluza de Almería). En su primera fase de explotación, estaba previsto que esta infraestructura trasvasara 600 Hm3, de los cuales 110 Hm3 serían para abastecimiento urbano y 400 Hm3 para regadío. Sin embargo, el volumen medio anual trasvasado en origen a la Cuenca del Segura, durante el periodo 1979-2014, ha sido de 328 hm³/año (un 55% de lo máximo permitido). En efecto, las aportaciones al sistema de aguas arriba de la cuenca (en los embalses de Entrepeñas y Buendía construidos en los años 50) se han reducido a la mitad de las previstas en el anteproyecto del trasvase Tajo-Segura de 1967. Las imprecisiones técnicas de la época contrastan con la expansión incontrolada de las superficies de regadío, la sobreexplotación de acuíferos y la fuerte expansión de las actividades urbanas y turísticas en la cuenca del Segura. Por ejemplo, entre 1972 y 1998, la superficie de regadío estimada que utilizaba oficialmente las aguas del trasvase había aumentado un 70 % con respecto a las previsiones iniciales[1]. Desde 1998, el déficit de la cuenca se sitúa en torno a 480 hm3/año. La idea de traspasar agua de cuencas consideradas excedentarias a cuencas mediterráneas deficitarias sigue estando presente en el discurso político y en las expectativas de algunos actores, especialmente en periodos de sequía y elecciones.
La percepción que tiene la sociedad de que los recursos hídricos son escasos y necesarios para el desarrollo económico y más recientemente para la protección de los ecosistemas fluviales, hace del reparto del agua una cuestión sensible en numerosos territorios. El impacto ambiental de la agricultura intensiva de regadío es especialmente profundo en determinados espacios y ya ha generado las primeras movilizaciones civiles en favor de un cambio en el modelo productivo. El reciente caso de Doñana o la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular del Mar Menor para dotar de personalidad jurídica a un espacio natural son una muestra de ello. En efecto, el Mar Menor, la mayor laguna costera hipersalina de la cuenca mediterránea (135 km2), sufre graves problemas de eutrofización y ha experimentado varios episodios de hipoxia (2016, 2019, 2022) debido principalmente a los nitratos procedentes de la agricultura intensiva desarrollada en el Campo de Cartagena a través del trasvase Tajo-Segura y de la explotación de las aguas subterráneas.
Desde hace una década y tras la entrada en vigor de la Directiva Marco Europea del Agua en 2004 los conflictos en torno a la planificación y gestión de los recursos hídricos se han orientado principalmente por las negociaciones con respecto a la aplicación de caudales ecológicos, es decir la cantidad mínima de agua que debe dejarse fluir en un río para mantener los ecosistemas acuáticos y preservar su equilibrio ecológico. En este sentido la fijación de los caudales ecológicos en el río Tajo, especialmente en el tramo existente entre Aranjuez y Talavera, subordina la disponibilidad de agua en las cuencas hidrográficas interconectadas y pone por tanto en cuestión el futuro del Trasvase. Además, en esta zona del río, que pasa por la ciudad de Toledo, es donde se concentra la mayor parte de las aguas residuales procedentes de los afluentes circundantes al área metropolitana de Madrid como son el Jarama, Manzanares y el Henares. El nuevo Plan de Cuenca del río Tajo para los próximos cinco años (ciclo 2022-2027), aprobado el 24 de enero de 2023 en consejo de ministros por el gobierno de coalición progresista entre PSOE y Unidad Podemos, establece una subida progresiva de los caudales mínimos respecto del Plan de 1999. Esto obliga a cambiar las reglas de explotación del Trasvase para alcanzar la coherencia entre los planes del Segura y del Tajo, y a priorizar en la Cuenca del Segura otras alternativas como la ampliación de las desaladoras en el sureste español, principal apuesta de los socialistas en el programa de AGUA del actual Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobado en 2005 y que sustituía al proyecto de trasvase del Ebro previsto en PHN de 2001 aprobado por el gobierno nacional del Partido Popular (PP) de José María Aznar (1996-2004).
Los desequilibrios en el uso y disponibilidad de los recursos hídricos en un contexto de progresiva descentralización autonómica en España y de visiones opuestas en cuanto a la planificación y la gestión de los recursos hídricos han alimentado progresivamente las rivalidades territoriales y políticas tanto por cuestiones económicas como medioambientales. La reivindicación sobre los recursos hídricos como patrimonio regional o motor necesario para el desarrollo económico han convertido el agua como uno de los principales factores de cohesión e identidad territorial en las principales regiones enfrentadas como son la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha[2].
La Región de Murcia: la escasez hídrica como estrategia electoral
La Región de Murcia (1,5 millones de habitantes y 11.313 km2), situada íntegramente en la cuenca del Segura, es uno de los casos más ilustrativos de la escasez de agua como representación geopolítica regional[3]. Esta región mediterránea, situada en su mayor parte en una zona semiárida (sureste de España) e identificada históricamente por su paisaje tradicional de huertas, es actualmente uno de los principales espacios de producción y exportación de productos hortícolas de Europa, pero también una de las zonas más afectadas por la degradación y desertificación del suelo. Ante la situación de estrés hídrico, la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del Segura se ha caracterizado en las últimas décadas por una fuerte diversificación de las fuentes de abastecimiento, como la reutilización y el agua desalada, así como el uso de sistema de riego cada vez más eficientes. En esta región, la percepción de escasez de agua coincide claramente con un aumento significativo de las superficies de regadío, así como de un sobreconsumo de agua en zonas urbanas y turísticas. El periodo de la burbuja inmobiliaria hasta la crisis económica (1997-2008) se correspondió con un dominio absoluto por parte del Partido Popular en la Región de Murcia (en el poder desde 1995) y en la Comunidad Valenciana (1995-2017), principal defensor y promotor de esta política de crecimiento en el levante español.
El PP de la Región de Murcia llegó a ser el partido político más votado en España desde 2003 hasta 2015 tanto a nivel regional como a nivel nacional. En las elecciones municipales de 2007, la ciudad de Murcia (61,8%) fue la capital de provincia que dio la mayoría más alta a un partido, con la excepción de la ciudad autónoma de Ceuta (65,18%). Ni la victoria socialista de Zapatero en las elecciones generales de 2004 y 2008 ni las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011, a pesar de las consecuencias de la crisis económica, que afectaron a todos los gobiernos independientemente de su tendencia política impidieron que la derecha continuara fácilmente en el poder regional hasta 2019, año en el que la fragmentación de la derecha con la entrada de VOX y Ciudadanos dejó al PSOE en primera posición, pero sin poder gobernar.
Es por tanto en ese contexto de principios de los años 2000 con la derogación del proyecto de trasvase desde el Ebro y ante cualquier eventual cambio en la disminución de aportes de agua del trasvase Tajo-Segura cuando surge un discurso político regional bajo el lema "Agua para todos" hasta el punto de que en Murcia se hable de "nacionalismo hídrico”. Inicialmente el Partido Popular y más recientemente Vox (ambos compitiendo por un electorado similar) exigen la participación del Estado y la solidaridad de otras regiones para aumentar la disponibilidad de recursos hídricos en apoyo del desarrollo regional, insistiendo en la importancia del regadío para la productividad de la economía agraria regional y, en consecuencia, para el empleo.
A pesar de que las desaladoras aseguran el abastecimiento urbano turístico al sureste español, contrariamente que al resto de España, la agricultura, que consume el 80 % de los recursos hídricos, se ha convertido exponencialmente en un lobby agroindustrial muy poderoso con gran influencia en el poder político y económico regional. Los regantes vinculados al trasvase y articulados a través del sindicato central de regantes Trasvase Tajo-Segura (SCRATS) se oponen al uso mayoritario del agua desalada, por sus elevados precios y la mala calidad en comparación con los del trasvase Tajo-Segura.
En consecuencia, la falta de identidad regional en Murcia ha facilitado la rápida integración de la vulnerabilidad del agua como una importante representación geopolítica regional. Si la descentralización del Estado ha permitido una reorganización de los subconjuntos geopolíticos en España bastante coherente en algunos casos (Galicia, Cataluña, País Vasco, Aragón...), las infraestructuras hidráulicas en la Región de Murcia y en el conjunto del sureste español se han convertido en un factor que homogeneiza el territorio al dotarlo de un paisaje y una estructura económica que favorece una identidad social y política más uniforme en los últimos tiempos. En este sentido, las elecciones generales de 2004 supusieron un punto de inflexión en la política regional. El PSOE mejoró sus resultados electorales a nivel nacional en 2004 y 2008 en todas las CCAA excepto en Murcia, lo que supuso una ruptura con la voluntad nacional. Tampoco es casualidad que, en las elecciones generales de 2019, Vox haya sido el partido más votado en Murcia. Así, el problema de la escasez de agua como estrategia geopolítica por parte del gobierno regional conservador, se ha convertido en un factor muy importante para entender el proceso identitario de la Región de Murcia. Los principales partidos políticos de Murcia y de Valencia, independientemente de su signo político, en aras de defender sus modelos económicos regionales dependientes de las aguas trasvasadas del Tajo, muestran su oposición a posibles cambios en el funcionamiento del trasvase.
Castilla-La Mancha: del interés nacional a la reivindicación regional
En cambio, Castilla-La Mancha (2.121.888 habitantes y 79.463 km2) que representa a las regiones del interior con baja densidad de población (26 hab/km2 frente a los 92 hab/km2 de la media nacional), elevada emigración rural durante la mayor parte del siglo XX y que supuestamente tienen un excedente de recursos hídricos (es atravesada por el Tajo, el Júcar, el Guadiana y el Segura), tiene la percepción de estar menos desarrollada que las demás. Su situación en el interior de España, a caballo entre el área metropolitana de Madrid y el dinamismo del litoral mediterráneo, la ha excluido del fuerte desarrollo económico experimentando por estos espacios. La escasez de precipitaciones en las zonas potencialmente más aptas para la agricultura propicia que el regadío constituya uno de los principales motores económicos del desarrollo regional. Si el total de la superficie regada en España en 2021 se situó en 3,87 millones de hectáreas, Castilla-La Mancha supone la segunda región en número de hectáreas, con un total de 582.767 hectáreas.
Gran parte de la Mancha cuenta con grandes acuíferos, pero con un déficit de infraestructuras hidráulicas, lo que ha favorecido las perforaciones y el uso de bombas para el riego de cultivos como el maíz, el trigo, la alfalfa, el girasol y los viñedos. El aumento exponencial del regadío desde los años 90 (se ha casi duplicado) ha incrementado considerablemente las necesidades hídricas de la región, que ahora compite con las demandas de las regiones mediterráneas que comparten las mismas cuencas, entre ellas el Júcar con Valencia, y el Segura (a través del trasvase) con Murcia, Almería (Andalucía oriental) y Alicante (al sur de Valencia).
Los primeros conflictos con repercusión regional por el acceso al agua se produjeron en la década de los noventa. La sobreexplotación de los acuíferos, incluido el de La Mancha (número 23), provocaron la desecación parcial del humedal de las Tablas de Daimiel (cuenca del Guadiana), parque natural nacional regido por múltiples figuras de protección internacionales (Reserva de la Biosfera, Convenio de Ramsar, ZEPA, LIC). Con el fin de preservar este humedal y bajo el riesgo de perder su estatus internacional, el Estado limitó los bombeos y desvió agua del trasvase colocando a los agricultores en una situación difícil. Del mismo modo, el trasvase realizado al Levante durante la sequía de 1995 por el ministro socialista Josep Borell y la progresiva disminución de las reservas de agua de los embalses de Entrepeñas y Buendía, utilizados por los municipios ribereños para desarrollar un turismo de balneario, sólo sirvió para visualizar el sentimiento de abandono del Estado en favor de las regiones mediterráneas. Constituidos en torno a la "Asociación de municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía" -22 municipios y un total de 11.000 habitantes- han sido uno de los primeros actores en Castilla la Mancha en movilizarse en torno a las cuestiones relacionadas con el agua,
En esta situación, el entonces presidente socialista de Castilla la Mancha, José Bono (1983-2004), se mostró favorable al PHN de 2001. De hecho, en 1999 José Bono había acordado con José María Aznar establecer una reserva estratégica de agua de 240 hm3 en los embalses para Castilla la Mancha. La derogación del proyecto del Ebro en 2004 y su sustitución por las desaladoras dentro del programa AGUA sirvió de argumento para su sucesor en la comunidad, el también socialista José María Barreda (2004-2011), para intentar interrumpir el trasvase de agua del Tajo al Segura durante el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía. A partir de ese momento, Castilla la Mancha, de tradición socialista (solo gobernada entre 2011 y 2015 por el PP), ha construido un discurso reivindicativo en torno al agua como medio de defensa de los intereses regionales, en el que la cabecera del Tajo se convirtió en la fuente de los recursos hídricos geoestratégicos de la región. La constitución de toda una red de movimientos, plataformas y asociaciones civiles en torno a la defensa de la calidad y la cantidad de las aguas del rio Tajo y sus afluentes añade una dimensión medioambiental de la cuestión a nivel regional.
¿Un nuevo Plan Hidrológico Nacional?
En los últimos 20 años, la política hídrica española ha estado sujeta a rivalidades de poder entre las Comunidades Autónomas, los partidos políticos y asociaciones civiles, así como por los modelos económicos dominantes en el territorio, especialmente la agricultura de regadío intensiva y los entornos fuertemente urbanizados. Estos conflictos muestran hasta qué punto la cuestión hídrica se ha convertido en geopolítica en España, en el sentido de que las estrategias políticas relacionadas con el agua tienen un impacto cada vez mayor en los territorios. En este contexto la planificación hidrológica resulta cada vez más compleja dado el delicado equilibrio entre el respeto de los ecosistemas y el reparto de los recursos hídricos entre los distintos territorios y usuarios. Bajo esta premisa, la necesidad del agua ha sido utilizada normalmente durante las elecciones por los dos principales partidos políticos en España en función de sus respectivas estrategias territoriales, incluyendo el de algunos líderes políticos regionales que difieren con el discurso dominante a nivel nacional[4].
En este sentido, han surgido dos estrategias políticas en torno a las cuestiones territoriales, económicas e hídricas que pueden enfrentarse a escala nacional en los próximos años con sus respectivas implicaciones a nivel regional. La primera, que contará con el apoyo de una coalición de partidos de izquierda y regionalistas, se basa en un modelo de desarrollo económico más preocupado por las consideraciones medioambientales y cuya relación con el agua debe priorizar en primer lugar la gestión de la demanda y los programas de mejora de su calidad. Esta política condiciona la continuidad del trasvase Tajo-Segura y limita a los partidos de izquierda en las regiones mediterráneas. La segunda, reivindicada por las fuerzas políticas de derechas, exige un Estado central más fuerte, capaz de garantizar la igualdad interterritorial y la solidaridad entre todos los ciudadanos, también en el acceso a los recursos hídricos. Para estas fuerzas, el agua se sigue percibiendo como un bien endógeno de transformación socioeconómica y territorial, por lo que las posibles soluciones para el reparto del recurso pasan por el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y la interconexión de las principales cuencas hidrográficas. En un contexto marcado por el cambio climático y en el que los recursos hídricos empiezan a escasear, el uso electoral de la cuestión tanto a nivel estatal como local complica el desarrollo de una reflexión compartida sobre la gestión de los recursos hídricos.
[1] Martínez, J. & Esteve, M. 2000: “El regadío en la cuenca del Segura y sus efectos ambientales y sociales” en Gestión alternativa del agua en la cuenca del Segura. Ecologistas en acción región murciana, Murcia (España), 53-71.
[2] Salinas Palacios, D. 2016 : Géopolitique de l’eau dans l’Espagne des autonomies : enjeux et rivalités de pouvoirs pour la région de Murcie, thèse de doctorat, Université de Paris 8, Saint-Denis (France)
[3] Salinas Palacios, D. 2019 : "Espagne : géopolitique d’une agriculture assoiffée", Confluences Méditerranée, 1 (108), 59-71. https://doi.org/10.3917/come.108.0059
[4] Sirva como reciente ejemplo las discrepancias en torno al trasvase Tajo-Segura por el progresivo aumento de caudales ecológicos hasta 2027 entre el socialista Ximo Puig (Presidente de la Comunidad Valenciana) y la ministra, también socialista, Teresa Ribera.