En mi anterior entrada de blog me refería al deber de las instituciones, que no solo deben gestionar intereses sino también sentimientos, y de cómo esa incorrecta gestión de sentimientos ha determinado grandes fracasos en las políticas de trasvase de agua entre cuencas. Añadía que la sensación de ganancia de la cuenca receptora se mide en términos económicos, pero la sensación de pérdida de la cuenca cedente se mide en parámetros más complejos a los que rara vez se ha atendido.
¿Cuáles son esos parámetros? A título de ejemplo, referiré lo sucedido en la cuenca del Ter, cuyo trasvase se consumó a mediados de los años 60 y dura ya más de 50 años. No me voy a detener en las evidencias, de las que tan solo destacaré que el área metropolitana de Barcelona necesitaba agua y que el procedimiento no fue precisamente democrático, los tiempos eran otros.
El Ter era un río industrial. En su cuenca se había desarrollado un potente tejido en el que destacaban el textil, el papel, el agroalimentario, el curtido de pieles, el químico y la metalurgia. En la periferia del río, la industria del corcho añadía valor al carácter fabril de la zona. El río aportaba agua para los procesos de fabricación, y a lo largo del siglo XX añadió la producción hidroeléctrica, no solo por las compañías especializadas, sino, principalmente, por la autoproducción de muchas de las industrias manufactureras. Al socaire de la cultura industrial, la propia ciudad de Girona producía su energía para el alumbrado. En esa etapa se concibieron los estudios universitarios, con el espíritu práctico de ser útiles a la industria local no sólo por la formación de técnicos sino por los programas de colaboración universidad industria.
Con el trasvase, se acabó el incentivo energético, pues los caudales fueron expropiados. Claro que la crisis de nuestra industria tiene raíces muy complejas que encuentran su motivo en otros factores. Pero la decadencia del Ter como río industrial tuvo acentos específicos.
El río entró en crisis y la falta de caudal agravó los problemas ambientales hasta que se inició la construcción de depuradoras. En ese punto hay que decir de forma paradójica, que la crisis industrial supuso un alivio para el ecosistema fluvial.
La reconversión del río vino de la mano de tres sectores: el agrario, que de forma paulatina fue adaptando tecnologías y cultivos –y sobre todo su estructura organizativa- a la nueva situación, el turístico, que comprendió la importancia de la conservación del recurso para asegurar el suministro de agua, y los municipios de la cuenca, agrupados en un consorcio cuyo objetivo es movilizar los recursos económicos que permitan ejecutar actuaciones en el territorio que configura el ámbito fluvial del río Ter con el fin de promover una ordenación integral del río como eje vertebrador del territorio.
La crisis desarrolló nuevos escenarios, nuevas oportunidades y otra cultura de relación con el agua. Eso no es nuevo; donde el agua escasea, se agudiza el ingenio. Lo saben en Israel y en California y en España lo sabían hace ya 100 años los promotores de la Mancomunidad del Taibilla, en Murcia. Pero lo que sí es nuevo es la integración del factor ambiental como condicionante en los programas de gestión.
En la cuenca receptora el trasvase crea expectativas que en un primer momento alivian un déficit, a la vez que, al igual que en la cuenca cedente, desarrollan nuevos escenarios en los que pueden aparecer expectativas imprevistas y nuevas dinámicas.
En efecto, el recurso aportado no sólo resuelve un déficit material, sino que el coste del insumo altera la estructura de costes de producción a los que se aplica.
En el Campo de Cartagena se han dado algunas de esas circunstancias. A título de ejemplo, en junio de 2020 la Comunidad de Regantes del Trasvasa Tajo Segura publicaba sus precios: entre 0,31 y 0,37 €/m3. Ese coste es muy superior al del agua desalobrada obtenida en la pléyade de pequeñas plantas de tratamiento, que en 2016 se situaba entre 0,17-0,24 €/m3.[1] Ese coste incluye el de bombeo del agua. Se sabe que las hectáreas regadas son superiores a las autorizadas y no es difícil suponer que el agua desalobrada es agua de segundo uso.
En los años 1980, una vez en funcionamiento el Trasvase Tajo Segura por un lado, con la importación de aguas al sistema, se intensifica el regadío en el Campo de Cartagena, lo que produjo un aumento del nivel piezométrico en el acuífero cuaternario recargado por los retornos de riego y generando en la Rambla del Albujon un caudal de base en la desembocadura.[2]
Así se da la paradoja de que el agua desalobrada, no solo es un recurso adicional al teóricamente disponible, sino que esa agua reciclada es más barata que la nueva gracias a su falta de consideración de los costes ambientales. Eso es lo que la hace apetecible a pesar de su condición no legal. La tolerancia de la autoridad hizo el resto. No hay que olvidar que, además de la Confederación Hidrográfica, las comunidades de regantes tienen amplias competencias para regular el uso del agua concedida pues son, en muchos aspectos, autoridad hidráulica delegada. Hay mucho que hablar sobre la cuestión. El Tribunal de las Aguas veló durante siglos por el buen uso de un recurso escaso.
Es probable que el Mar Menor no se hubiera degradado tan intensamente sin el caudal añadido del trasvase Tajo Segura, que añadió agua y hectáreas –legales e ilegales- a una agricultura industrial –es decir, intensiva en capital e insumos- mucho menos acostumbrada a los controles ambientales que la industria convencional. Al final, los impactos en la cuenca receptora han sido también más complejos que los simplemente económicos.
Los efectos colaterales son aquellos que, a pesar de no ser expresamente deseados, aparecen como consecuencia de una determinada acción. En las relaciones hombre-naturaleza se llaman impactos ambientales, que pueden ser positivos o negativos; las normas ambientales exigen un análisis de cada proyecto, que prevea y corrija aquellos impactos que pueden ser negativos. Los impactos positivos, estudiados o no, siempre son bienvenidos.
El respeto ambiental y la tecnología deben introducir nuevas pautas de conducta en las comunidades de regantes cuya potente capacidad de interlocución con la administración debe ir pareja con la responsabilidad en el uso del recurso que se les ha asignado y las consecuencias ambientales de su gestión.
