El pasado 6 de noviembre se cumplió el segundo aniversario de la aprobación de la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo, también conocida como H.R.3684 o plan bipartidista de infraestructuras, aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La ley incluye $1,2 billones de financiación pública para la inversión en infraestructuras en los años fiscales 2022 a 2026 y tiene por objeto aumentar la competitividad de la economía americana vía la mejora de todo tipo de infraestructuras, esto es, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, transporte por ferrocarril, trasporte público, energía y, por supuesto, agua.
Dos años después de su entrada en vigor, la financiación está fluyendo y se está ejecutando: ya se han desembolsado más de $400.000 millones, que han servido para financiar alrededor de 40.000 proyectos en más de 4.500 comunidades. Además, la financiación está llegando a todo el país, pero son los estados más grandes los que están recibiendo más financiación.
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La ley ha puesto a disposición de la Environmental Protection Agency (EPA) $50.000 millones adicionales para los años fiscales 2022 y 2026. Estos recursos se dirigirán a los dos programas con los que la EPA ayuda a los estados a reducir el coste que les supone acometer la mejora de sus infraestructuras de agua: el Clean Water State Revolving Fund, (CWSRF) para proyectos dirigidos a los sistemas de aguas residuales y agua de lluvia; y el Drinking Water State Revolving Fund (DWSRF) para proyectos en los sistemas de agua potable. Cada programa recibirá $11.700 millones adicionales para comprometer en los próximos cinco años. Además, cada uno de estos fondos recibirá una cantidad específica para la eliminación de contaminantes emergentes ($1.000 millones el CWSRF y $4.000 millones el DWSRF) y el DWSRF recibirá, además, $15.000 millones para la sustitución de tuberías de plomo.
Dos años después de su entrada en vigor, la financiación está fluyendo y se está ejecutando: ya se han desembolsado más de $400.000 millones
La ejecución del doble de recursos con los que normalmente se cuenta para un periodo mismo periodo -en este caso cinco años- supone un reto importante para la propia EPA y, por supuesto, para los estados, condados y ciudades que son los propietarios de las infraestructuras. En este contexto, el apoyo federal está siendo clave para ejecutar proyectos que de otra forma se hubieran visto retrasados en el tiempo. Así lo pone de manifiesto el gasto en construcción en proyectos de agua y aguas residuales que en 2023 se encuentra entre las categorías de gasto con mayor crecimiento.
Adicionalmente, los recursos federales de la Ley de Infraestructuras y Empleo, así como los de otras leyes aprobadas recientemente, como la Ley de Reducción de la Inflación -Inflation Reduction Act-, están contribuyendo a promover la inversión en innovación en el sector del agua, un elemento clave para abordar retos tan importantes como los derivados del impacto del cambio climático en términos de elevación de los niveles del mar, olas de calor, sequías e inundaciones por tormentas. Esta es una de las razones por las que el capital riesgo -a diferencia de lo que ha hecho en otros sectores en los que su financiación se ha reducido un 33 % en 2022- ha seguido apoyando a las startups de tecnología de agua.
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Las prioridades del gobierno federal y su asistencia financiera, junto con las prioridades de los estados y las utilities están marcando las áreas en las que el capital riesgo está concentrando su financiación. En particular, les está resultando particularmente atractiva la innovación relacionada con: la digitalización, dada la prioridad que están otorgando las utilities a dotarse de tecnología que les permita realizar una mejor gestión del agua y con ello obtener ganancias de eficiencia y productividad; y la innovación dirigida a desarrollar soluciones que permitan combatir la escasez de agua, tecnologías que van desde la generación de agua atmosférica, a la desalinización.
Durante los próximos 20 años los planes de inversión de las utilities se van a centrar fundamentalmente en las redes de distribución, siendo el despliegue de tuberías y la sustitución de tuberías de plomo por materiales avanzados una parte muy importante de estos planes
La EPA acaba de publicar su séptima encuesta sobre las necesidades declaradas por las utilities para mejorar sus sistemas de agua potable a la luz de planes de inversión ya elaborados, 7th Drinking Water Infraestructure Needs Survey and Assessment (DWINSA). Este importante documento es la base sobre la que la EPA dotará el Drinking Water State Revolving Fund. De acuerdo con los datos de la encuesta, las necesidades para los próximos 20 años se estiman en $625.000 millones, cifra que supone un incremento del 32 % respecto a la 6ª DWINSA elaborada en 2015.
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Por categoría de proyecto, durante los próximos 20 años los planes de inversión de las utilities se van a centrar fundamentalmente en las redes de distribución, siendo el despliegue de tuberías y la sustitución de tuberías de plomo por materiales avanzados una parte muy importante de estos planes. Asimismo, las utilities dan gran relevancia a las inversiones dirigidas a mejoras en la gestión con programas de medición, facturación y detección de fugas. Por tamaño de los sistemas, la mayor inversión se realizará en los grandes, es decir, aquellos que sirven a grupos de población de más de 100.000 habitantes.
Las oportunidades son muchas, pero para una empresa extranjera tratar de aprovecharlas pasa por establecerse en el país; y, aun así, trabajar en un mercado tan fragmentado como es el del agua no es en absoluto fácil. Presentar un proyecto y ganar una licitación requiere mucha planificación y un profundo del conocimiento del mercado y de las políticas y prácticas de los State Revolving Funds de cada estado. Un segundo reto importante es la dificultad para contratar, retener y formar mano de obra.
Finalmente, ser beneficiario de la financiación federal requiere el cumplimento del Buy American Act (BBA) una legislación que se ha endurecido precisamente con la aprobación de los paquetes de financiación que incluye, no solo la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo, sino otras leyes como Ley de Reducción de la Inflación.
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