El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de 450 millones de dólares para brindar agua potable a 600.000 personas y dotar de saneamiento a 390.000 personas que viven en zonas rurales y marginales de México. El proyecto operará bajo un esquema de gestión comunitaria para asegurar el adecuado manejo y mantenimiento de las obras.
El programa priorizará los 400 municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre que impulsa el gobierno mexicano. En estos municipios existen 5.000 localidades que no tienen o que la cobertura de agua y saneamiento es menor al 20 por ciento. La densidad poblacional de estas comunidades es menor de 2.500 habitantes y viven altamente marginados.
Los recursos financiarán la construcción de 1.500 sistemas de agua potable, 550 sistemas de alcantarillado y 4.488 soluciones individuales de saneamiento. También cubrirán actividades de supervisión de las obras; los estudios de factibilidad y diseño requeridos para las mismas.
Los beneficios del proyecto incluyen ahorros de recursos para las familias que compran los botellones de agua ó tienen que acarrearla. También conlleva una mejora en las condiciones de salud asociada al saneamiento. Este último es especialmente beneficioso para la población vulnerable como los niños menores de 5 años que sufren de enfermedades diarreicas por causa de agua contaminada.
El proyecto apoyará la creación de comités o grupos organizados en la comunidad que serán responsables del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento para asegurar la sostenibilidad. La meta es contar con 2.000 grupos organizados para el cuarto año de ejecución del proyecto. Además se capacitará en educación sanitaria y ambiental a 2.000 comunidades beneficiarias del programa.
El costo total del programa es de 562,5 millones de dólares, de los cuales 450 millones de dólaresprovienen del capital ordinario del BID y 112,5 millones de dólares constituyen el aporte local. El financiamiento del BID tiene un plazo único en el año 2021, un período de gracia de 7,5 años y una tasa de interés basada en LIBOR. El organismo ejecutor es la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) que trabajará muy de cerca con los estados y municipios participantes.
