Los legisladores de la Cámara de Representantes de EE. UU. John Curtis y Marie Gluesenkamp-Perez han presentado el proyecto de ley, “Water Systems PFAS Liability Protection Act” para proteger a los operadores de servicios de agua contra el riesgo de incurrir en obligaciones en cuanto a la eliminación de PFAS. Se trata es un proyecto de ley complementario al presentado en el Senado el año pasado por la senadora Cynthia Lummis.
«Esta legislación bipartidista ayudará a garantizar que las políticas para responsabilizar a los que han contaminado con PFAS no tengan consecuencias no deseadas para los operadores de servicios de agua y los usuarios, especialmente en poblaciones pequeñas y rurales», dijo la representante Gluesenkamp Perez.
La EPA de EE. UU. ha designado dos sustancias químicas del grupo de las PFAS ampliamente utilizadas, el ácido perfluorooctanoico (PFOA) y el ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS), como sustancias peligrosas conforme a la Ley de Respuesta Ambiental Integral, Compensación y Responsabilidad (CERCLA), conocida como Superfund. La designación abordará la contaminación por PFOA y PFOS al permitir la investigación y eliminación de estas sustancias químicas dañinas y garantizar que fugas, y vertidos sean notificados.
La norma de la EPA se finaliza tras las discusiones recientes en el Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado de EE. UU. (EPW) sobre las posibles consecuencias no deseadas de la designación, ya que podría resultar en responsabilidades legales para operadores de vertederos y de servicios de aguas residuales como receptores pasivos de la contaminación.
La designación abordará la contaminación por PFOA y PFOS al permitir la investigación y eliminación de estas sustancias químicas dañinas y garantizar que fugas
Un grupo de las principales asociaciones nacionales del sector del agua de EE. UU. (“Water Coalition Against PFAS”), ha aplaudido la presentación del nuevo proyecto de ley: «Los sistemas de agua potable y aguas residuales ya están invirtiendo miles de millones de dólares para abordar los PFAS. Esta legislación evitaría que los contaminadores aumenten esta carga, atribuyendo injustamente su propia responsabilidad en cuanto a descontaminación, así como millones de dólares en honorarios legales, a los usuarios de los servicios de agua y aguas residuales de todo el país».
La EPA ha preparado una política para la aplicación de la CERCLA por separado, para dejar claro que la aplicación se centrará en aquellos que han contribuido de forma significativa al vertido de sustancias químicas PFAS al medio ambiente, entre ellos los fabricantes o los que han utilizado PFAS en sus procesos de fabricación. En este sentido, la EPA ha declarado que su política de aplicación «proporcionará claridad adicional sobre la intención de la agencia de no perseguir ciertas partes, como agricultores, vertederos municipales, operadores de servicios de agua, aeropuertos municipales y departamentos de bomberos locales, donde factores relacionados con la equidad no respalden la demanda de descontaminación o de costes conforme a CERCLA».
Pero esta cuestión no está del todo clara para todas las partes interesadas. En un comunicado en el que apoya los proyectos de ley en la Cámara y el Senado, la Asociación Nacional de Empresas de Agua (NAWC) dijo que la designación de la EPA de ciertas PFAS como peligrosas bajo CERCLA trasladará la responsabilidad de los contaminadores a las comunidades, argumentando que los operadores de servicios de agua que están haciendo su trabajo para proteger la salud y seguridad de sus clientes y el medio ambiente están expuestas a miles de millones de dólares más en obligaciones relacionadas con sus esfuerzos de descontaminación. «Sin acción por parte del Congreso, esta designación de la EPA supone que las empresas que se beneficiaron del uso y fabricación de PFAS pueden demandar a operadores de servicios de agua y aguas residuales que han estado tratando el agua contaminada por PFAS para transferir los costes a la población a la que prestan servicio dichos operadores», dijo Robert F. Powelson, presidente y CEO de NAWC.
